#CanonAEDE y el gobierno mafioso

El Gobierno de Mariano Rajoy todo lo hace en b. No hablamos de dinero, que eso está en manos de jueces. Resulta que el proceso de aprobación del canonazo no solo lo ha llevado a escondidas de la ciudadanía española, sino que también ocultó la cláusula que introduce el canon AEDE a la Unión Europea.

Esto es más bien patético, un "si no le miro no me ve". Es mucho más grave el toque que le ha dado a las televisiones para que rebajen las críticas a cambio de concesiones de frecuencia. O las amenazas de Lassalle a los editores.

Lo intentan, aunque igual se quedan más en los mafiosos de los Autos Locos.

El resumen del lío europeo es que cuando España comunicó a Bruselas los cambios que pensaba introducir en la Ley de Propiedad Intelectual, se guardó en la manga el artículo 32.2, el que incluye el canon por cita. El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo comunicó los planes del Gobierno en mayo de 2013, sin embargo el impuesto revolucionario no fue exigido por los medios de AEDE hasta meses después, por lo que la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lo introdujo en el texto de la LPI a última hora y unilateralmente durante el Consejo de MInistros del 14 de febrero de 2014.

Por suerte los partidos que se oponen al canon en Madrid también tienen representación en Bruselas. Así que Beatriz Becerra de UPyD ha introducido una pregunta prioritaria al respecto en la Comisión Europea. La pregunta señala a posibles infracciones de directivas europeas por no comunicar los cambios legislativos y a un ataque a la libertad de competencia. Lo que llevan meses advirtiéndole al Partido Popular todas las instituciones, organismos y personas de bien que han tenido la oportunidad de estudiar la ley.

Al ser prioritaria la pregunta, la Comisión tiene tres semanas para contestar y la respuesta podría llevar implícita la paralización de la ley. Para ello se prevé que Bruselas consultará con España qué planes tiene respecto a la sociedad de la información. Como si ellos lo supieran.

De la torpeza a las amenazas mafiosas

El soborno a las teles que complementa el canon AEDE se basa en la amenaza que pende desde el Supremo sobre ocho frecuencias que podrían unirse a las ya anuladas hace unos meses. Si el Tribunal decide suprimirlas, Atresmedia se quedaría con tres canales y Mediaset con dos. Argumento que ha servido para que desde Moncloa señale a Jordi Évole, El Gran Wyoming, Jesús Cintora, etc. como fuente de problemas para los distintos grupos de comunicación implicados.

Mientras tanto, el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, tocado desde que el Supremo enviara a Europa la LPI actualmente en vigor que él apadrinó, se lanza al barro contra las gestoras de derechos de propiedad intelectual. Éstas, incluída CEDRO, que será la gran beneficiada de la nueva ley al preverse que será quien recolecte el canon AEDE, se oponen a la Ley Lassalle y han aprovechado la decisión del Tribunal Supremo para arreciar las críticas sobre el texto. La respuesta del secretario de Estado ha sido obviar las medidas judiciales contra su texto y advertir a las gestoras de que los cambios legislativos servirán para crear una transparencia que no existe.

La amenaza está implícita aunque más bien recuerde a aquello que le dijo la sartén al cazo: "aparta, que me tiznas".