La Coalición Pro Internet y Analistas Financieros Internacionales han presentado un informe sobre el impacto económico que tendrá la aplicación del canon por cita. Las conclusiones, que se suman a los 5.000 euros por blog que te cobrará el Gobierno, son demoledoras en todos los aspectos posibles:
- No existe justificación económica para el canon. Agregadores y editores no compiten por el mismo mercado y de hecho los primeros benefician a los segundos. Además, como indicó la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, hay mecanismos técnicos para bloquear los agregadores, no es necesario legislar al respecto.
- El canon supone una barrera de entrada para nuevos actores en el sector, mermando la competencia y la innovación tecnológica.
- El carácter irrenunciable del canon atenta contra la libertad de empresa. Optar por el copyleft pasa a ser no ilegal, sino imposible. Las marcas que prefieran la notoriedad que les pueda deparar un agregador tendrán que seguir contentándose con las migajas del canon.
- El monopolio de gestión de derechos y canon que recibirá CEDRO también atenta contra la libertad de mercado.
- La determinación del canon con el cálculo de pérdidas a priori es ineficiente. Por ser finos, añado yo.
- Caerá del tráfico para los editores. The Associated Press perdió un 20% de usuarios cuando decidió romper con Google News.
- Deslocalización. Las empresas, multinacionales y locales, abandonarán sus oficinas en España para esquivar la ley, con las consiguientes pérdidas fiscales, industriales y laborales para el país.
- La inclusión del canon AEDE en la Ley de Propiedad Intelectual es una legislación a la medida de un lobby que se impone así al criterio del interés general. Ello supone una merma más de la seguridad jurídica en España.
- La caída de los agregadores aumentará el tiempo de navegación para que los usuarios obtengan el mismo resultado que con ellos.
Soraya Sáenz de Santamaría, haciendo lo que mejor sabe con el dinero de los ciudadanos. |
La última conclusión, no menos importante, es que a la luz de estas cifras parece claro que el Gobierno no ha realizado su propio estudio de impacto económico. A Soraya Sáenz de Santamaría, que pretende ser presidenta del Gobierno, los editores de AEDE le pidieron que trincara pasta de Google y ella se lanzó sin pensar en las consecuencias para el país. Solo le importó la imagen de su partido en los periódicos de cara a las próximas elecciones municipales.
Porque lo importante es mantener el control de la administtración. Aunque cada vez queden menos cosas por administrar.
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